El narcotráfico ha rebasado la capacidad del Estado. La crisis institucional orilla a la fuerza pública a entablar una costosa guerra a los capos de la mafia y a los “enemigos de la República”. La política se encuentra cercada a la discreción ante la furiosa respuesta del monstruo y los resultados presentan una terrible carestía.

El Gobierno Federal ha utilizado la gran demagogia y un sorprendente culto a la personalidad desde al inicio de su administración: en cualquier medio posible y como un salvador, Calderón se presenta como el ungido dando la absoluta respuesta a todos los problemas del país, mostrándose como el capacitado para extinguir al narco con sus manos duras -¡y limpias!- y con su política bélica y brutal.

La situación tan delicada obliga a los mexicanos a replantear las soluciones para erradicar al tremendo mal, siendo punto central el debate y el respeto a la ley fundamental de la Constitución. Iniciada la guerra de Calderón, la violación a las Garantías Individuales ha sido un paradigma general en el territorio nacional, habiendo un Estado de Sitio o de Policía que inhibe al ciudadano y en lugar de generarle certidumbre le ha maniatado y causado un terror incomparable. ¿Cuál es el costo que debe pagarse para sostener la guerra contra el narco, que niveles de violencia estamos dispuestos a tolerar, cuanta libertad será la responsable de perderse cuando Calderón disponga violarla?.

El narco es un mal terrible, una realidad insoportable para los países latinoamericanos, especialmente para el nuestro. Las tesis formuladas para combatirlo sostienen una afrenta a la vieja moral y a los buenos principios del sector conservador, esa reacción que jamás negociará ni aceptará postulados diferentes a los suyos: imagen de carencia mental solucionando a la violencia con violencia. No concuerdo en esa lucidez provocatoria ni en la simulación política del Gobierno Federal; el impacto social de la cruzada beligerante ha marcado un retroceso sin precedente en al conciencia general, sosteniendo el terror colectivo ante el posible atentado y dando paso a los síntomas primarios de la dictatura: la suspensión de Garantías.

Es imposible poder abastecer a nuestras policías y al ejercito de valor moral para enfrentar al enemigo silencioso cuando en sus mandos la corruptela significa una guerra perdida, se retoma entonces el principio básico de supervivencia y la vida se impone al patriotismo a la seguridad pública de la Nación. El valor que pueda asignarse a la guerra perdida contra el narco es intrascendente ante la capacidad de acción del mismo: imposibilita la fuerza del Estado y compra a las dirigencias y a la inteligencia que en determinado tiempo pudiesen combatirlo. No hay forma de iniciar una batalla cuando los oficiales deliberadamente están dispuestos a perder o han sido sobornados para acatar la simulación.

Para emprender la guerra se debe sanear completamente a la corrupción que impera al interior de los cuerpos de seguridad, seguido de una legitimación en la búsqueda de cada batalla, integrando a la sociedad en un ambiente de proposición y de confianza, no imitando al pavor de un Estado policiaco o al de una dictadura.

Si de ningún modo puede vencerse al monstruo, debe analizarse detallada y fríamente las alternas soluciones para someterlo mediante los mecanismos legales: esto vendría a ser la legalización y el uso de ciertas drogas.